(PL).- El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería permite encerrar a los inmigrantes hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) a la espera de su expulsión de España. Este plazo sobrepasa con creces la ampliación de 40 a 60 días que anunció el Gobierno el pasado 19 de diciembre.
Un grupo de juristas ha detectado tres grandes agujeros en el texto que baraja el Ejecutivo que lo permiten. Fuentes del Ministerio del Interior (el organismo del que depende la gestión de los CIE) reconocen que se trata de un "error" y que, si los órganos consultivos y el Gobierno lo creen oportuno, lo rectificarán antes de enviar el documento a las Cortes para su aprobación definitiva.
El Grupo Inmigración y Sistema Penal, autor del informe El Internamiento de Extranjeros en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, que hará público la próxima semana, está formado por jueces, letrados y fiscales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, audiencias provinciales, abogados y catedráticos.
Según denuncia el informe, el artículo 62 de la nueva ley aumenta el internamiento de 40 a 60 días con carácter general, pero permite la suspensión de este plazo en tres posibles supuestos: durante la tramitación y resolución de procedimientos de asilo y habeas corpus, en caso de enfermedad del extranjero o "por causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España".
Así, los extranjeros indocumentados, apátridas o ciudadanos de países que no reconocen o no admiten la repatriación de sus nacionales (como ocurre en algunos Estados africanos que carecen de registro civil) podrían continuar internados en el centro una vez vencidos los 60 días iniciales.
La directiva de la vergüenza
"El límite serían los 18 meses que marca la Directiva de Retorno que la UE estableció en 2008", denuncia Margarita Martínez Escamilla, una de las autoras del informe y catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. "Nuestro objetivo es que el anteproyecto no prospere en estas condiciones", añade.
La izquierda europea, las asociaciones de inmigrantes y las ONG bautizaron la norma europea como la directiva de la vergüenza, al considerar abusivo el internamiento de un año y medio. Dos diputados socialistas, Raimon Obiols y Josep Borrell, rompieron la disciplina de su partido y votaron en contra. Un tercero, Martí Grau, se abstuvo.
Recorte de derechos
Desde que España apoyó la directiva, el Gobierno ha reiterado que no se alcanzarán estos internamientos tan largos en el país. Tanto esta norma como la nueva Ley de Extranjería se presentaron como iniciativas "garantistas", que no supondrían un recorte en los derechos de los inmigrantes.
"La ausencia de documentación sólo es una falta administrativa [al igual que aparcar un vehículo en doble fila o no pagar un impuesto] y privar de libertad a un inmigrante por ello es una respuesta totalmente desproporcionada, que como Estado de Derecho nos deslegitima y que como sociedad debería avergonzarnos", critica Martínez Escamilla.
El informe de los juristas reivindica también al Gobierno que no amplíe el plazo de internamiento de extranjeros a 60 días. Además, pide que aproveche la reforma para mejorar las condiciones de encierro y "reconsidere la legitimidad de privar de libertad a una persona" con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.
De hecho, consideran que lo aconsejable sería reducir el internamiento a 10 días (ampliable otros 10 más, si un juez lo cree oportuno) y ordenarlo sólo si la ejecución de la expulsión está ya acordada. Jurídicamente, es una medida para asegurar que se cumpla la sanción, que en ocasiones es una simple multa. Los juristas consideran ilegítimo el encierro en los CIE actuales, donde "existen menos garantías para los internos que en las cárceles", apunta la catedrática.
Sin mejoras en las condiciones
Respecto a la mejora de las condiciones de internamiento que llevan varios años denunciando ONG, asociaciones de inmigrantes y el Defensor del Pueblo, el Gobierno no ha anunciado cambios significativos en el anteproyecto.
Durante el tiempo que el inmigrante está retenido, los juristas denuncian que no se garantiza un auténtico control judicial, que la custodia la ejercen funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sin formación específica (a diferencia de los centros penitenciarios, donde trabajan funcionarios civiles especializados) y que no está suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de los centros.
"La situación actual es muy grave, según indican las denuncias por malas condiciones, abusos y críticos informes de acreditadas organizaciones e instituciones", añade Martínez Escamilla. No obstante, el informe no se centra en las posibles faltas de los trabajadores, sino en el punto de vista jurídico, "que potencia o facilita la arbitrariedad o el abuso, al no establecer la normativa las necesarias garantías e instrumentos de control", critica la catedrática.
"Son los agujeros negros del Estado de Derecho, donde no puede entrar la prensa y para las ONG es prácticamente imposible", añade.
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