lainformacion.com
“Rompe la cohesión social, destina a unas personas a tener menos derechos”, así describe el secretario General de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, la nueva Ley de Extranjería.
Que los inmigrantes no puedan traer a sus padres si éstos son menores de 65 años, restricciones en el empadronamiento, el aumento del plazo de retención de los "sin papeles” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o la apertura de un expediente sancionador a las inmigrantes irregulares que denuncien malos tratos, son algunos de los puntos más criticados por asociaciones de inmigrantes como Cáritas, CEAR, la Red Acoge o SOS Racismo.
“Perjudicará gravemente el proceso de integración social” denuncian, la nueva Ley recoge "importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes".
"Toda Ley de Extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad" recoge un comunicado de SOS Racismo.
Las críticas de las asociaciones llegan pese a que la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegurase que uno de los grandes objetivos del nuevo texto es, precisamente, “la integración social", aunque matizaba que con la nueva ley se pretenden "perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular”.
Acceso a los servicios sociales
Según las asociaciones, las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular supondrá "que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación".
“En lugar de abundar en el trabajo de integración que venimos haciendo como sociedad y en el que España ha demostrado un gran ejemplo lo que hace es romper”, explica Alfredo Abad, “Si una persona no está empadronada puede no tener acceso a la sanidad a la educación, puede ser un gran agravio".
Las asociaciones llaman la atención especialmente sobre que que los inmigrantes no puedan reagrupar a sus ascendientes si no son mayores de 65 años, "lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social". Por su parte, Esperanza Esteva, portavoz de Inmigración del grupo socialista, matizaba a lainformacion.com que “se considera que un hombre o mujer menor de esa edad está en condiciones de trabajar y puede venir a España en busca de un empleo. Pero si se acredita un caso humanitario, como que se trate de una persona viuda, que esté sola en su país de origen o que tenga problemas de salud, también podría ser reagrupada”.
Asimismo, las ONG denuncian la obligación de iniciar un expediente sancionado a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género "lo que objetivamente desincentivará estas denuncias".
La otra cuestión que valoran negativamente estas organizaciones es la ampliación en el plazo de inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. Aunque reconocen que gracias a a su trabajo con los grupos parlamentarios la nueva Ley incluye "alguna mejora relevante" como la posibilidad de que las ONG puedan visitar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".
Una política migratoria solidaria
"Celebramos el proceso de trabajo que ha habido por parte de los grupos parlamentarios pero creemos que realmente la oportunidad de hacer una mejora y realizar una política europea migratoria más coherente con los principios de protección y solidaridad se ha perdido", explica Alfredo Abad.
Desde CEAR, Cáritas y Red Acoge han anunciado el jueves que proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de los inmigrantes.
“Rompe la cohesión social, destina a unas personas a tener menos derechos”, así describe el secretario General de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, la nueva Ley de Extranjería.
Que los inmigrantes no puedan traer a sus padres si éstos son menores de 65 años, restricciones en el empadronamiento, el aumento del plazo de retención de los "sin papeles” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o la apertura de un expediente sancionador a las inmigrantes irregulares que denuncien malos tratos, son algunos de los puntos más criticados por asociaciones de inmigrantes como Cáritas, CEAR, la Red Acoge o SOS Racismo.
“Perjudicará gravemente el proceso de integración social” denuncian, la nueva Ley recoge "importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes".
"Toda Ley de Extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad" recoge un comunicado de SOS Racismo.
Las críticas de las asociaciones llegan pese a que la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegurase que uno de los grandes objetivos del nuevo texto es, precisamente, “la integración social", aunque matizaba que con la nueva ley se pretenden "perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular”.
Acceso a los servicios sociales
Según las asociaciones, las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular supondrá "que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación".
“En lugar de abundar en el trabajo de integración que venimos haciendo como sociedad y en el que España ha demostrado un gran ejemplo lo que hace es romper”, explica Alfredo Abad, “Si una persona no está empadronada puede no tener acceso a la sanidad a la educación, puede ser un gran agravio".
Las asociaciones llaman la atención especialmente sobre que que los inmigrantes no puedan reagrupar a sus ascendientes si no son mayores de 65 años, "lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social". Por su parte, Esperanza Esteva, portavoz de Inmigración del grupo socialista, matizaba a lainformacion.com que “se considera que un hombre o mujer menor de esa edad está en condiciones de trabajar y puede venir a España en busca de un empleo. Pero si se acredita un caso humanitario, como que se trate de una persona viuda, que esté sola en su país de origen o que tenga problemas de salud, también podría ser reagrupada”.
Asimismo, las ONG denuncian la obligación de iniciar un expediente sancionado a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género "lo que objetivamente desincentivará estas denuncias".
La otra cuestión que valoran negativamente estas organizaciones es la ampliación en el plazo de inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. Aunque reconocen que gracias a a su trabajo con los grupos parlamentarios la nueva Ley incluye "alguna mejora relevante" como la posibilidad de que las ONG puedan visitar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".
Una política migratoria solidaria
"Celebramos el proceso de trabajo que ha habido por parte de los grupos parlamentarios pero creemos que realmente la oportunidad de hacer una mejora y realizar una política europea migratoria más coherente con los principios de protección y solidaridad se ha perdido", explica Alfredo Abad.
Desde CEAR, Cáritas y Red Acoge han anunciado el jueves que proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de los inmigrantes.
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