España, ¿expulsión de inmigrantes?

Los inmigrantes bangladeses que estaban en Melilla han sido trasladados a Barcelona con custodia. Es muy probable que en pocos días sean deportados del país. La prensa pone sus focos en los gitanos de Francia (donde Sarkozy ha dictado sentencia por razones étnicas), y en el patio trasero patrio las cosas no van mucho mejor.
Los 47 bangladeses de Melilla ya están encerrados en Barcelona. En efecto llegaron al CIE de Barcelona el grupo de 47 bangladeses detenidos en Melilla. El Consejo General de la Abogacía Española va a estudiar si se trata de una expulsión masiva

Ya están en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona 47 de los 50 bangladeses detenidos en Melilla hace tres días. El juez autorizó ayer por la mañana su traslado a la península para ser deportados en menos de 60 días, el tiempo máximo que pueden estar encerrados en un CIE los inmigrates, según la Ley de Extranjería. Si no se lleva a cabo la expulsión en esos dos meses, quedarán en libertad. Algo poco probable según el Delegado de Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar, que ha confirmado los rumores que tenían los inmigrantes sobre el acuerdo entre el Gobierno español y el bangladés, quien "ha reconocido la necesidad de repatriar a los ciudadanos de su nacionalidad" que hay en España.

Bangladesh reconoce esa necesidad cinco años después de que llegaran los primeros once del grupo, a los que como a todo inmigrante irregular que llega a España, se les recibió con una orden de expulsión. Las órdenes "caducan" a los cinco años si no se han llevado a cabo y las suyas iban a hacerlo entre octubre y diciembre. Escobar justifica la demora amparándose en que "los procesos llevan su tiempo y, cuando se culmina la posibilidad de la ejecución material de su repatriación, es cuando se lleva a cabo".

Las muestras de apoyo a los 'bangla', como se les conoce popularmente en Melilla, han llegado desde dentro y desde fuera de la ciudad autónoma. Ayer por la tarde se celebró una concentración en mismo lugar en el que solían hacerla ellos cada semana, "todavía queda la esperanza de que los suelten, eso no podemos olvidarlo", aseguraba José Palazón de la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia. Esta mañana hay otra en Santa Coloma de Gramenet, organizada por la asociación 'Papeles para todos' que se prepara ya en Barcelona para "batallar hasta el final", nos cuenta Enrique Mosquera. "Es una barbaridad. Aquí en Barcelona hay gente que lleva tres años y que ya tiene sus papeles, porque eso es lo que dice la ley no porque sea nada excepcional. Que expulsen a gente que lleva más tiempo que ellos es una amenaza para todos los bangladeses. Esto es un insulto para ellos y para todos los inmigrantes comparable a lo que ha pasado en Francia con los gitanos, que ya son de la Unión Europea pero los están echando. Después de cinco años en España los bangladeses tienen derecho a quedarse. Su vida ya está aquí". Quieren convertir su protesta en un movimiento nacional y recuerdan que hay otros casos como el de los bangladeses y los indios que después de unos años en Ceuta consiguieron quedarse en la península.

Sattam es de Bangladesh y algunos de los detenidos son de su pueblo. Él ha sido quien estos días ha estado en contacto con sus familias en Melilla, "están muy asustadas y preocupadas porque todavía no saben donde están. Me han llamado varios familiares. No quieren que los deporten, claro que no, han gastado mucho dinero en poder pagar sus viajes y ahora lo están pasando mal, esperan que puedan quedarse y trabajar, que es para lo que han venido a España", asegura. "Vamos a movernos como lo hemos hecho en los últimos años. Hemos conseguido contratos para ellos desde aquí, para que pudieran presentarlo al pedir el arraigo, hemos presentado 15.000 firmas al Gobierno de gente que los apoya".

El Gobierno de Melilla se ha sumado a las críticas. Su presidente, Juan José Imbroda, (del Partido Popular) ha asegurado que los bangla "formaban parte de la estampa familiar de la ciudad" y que el Gobierno en este tema ha demostrado ser "cruel e inhumano". También el Colegio de Abogados de Melilla, que se ha movilizado desde el primer momento intentando detener las expulsiones, continúa reclamando "que se respeten sus derechos y el hecho de que son personas con arraigo. Por un principio de humanidad y de lo que marca la ley de poder documentar a personas con arraigo, estas personas lo tienen. Saben hablar español, se han integrado. Queremos que se respete ese hecho y se les dé una oportunidad de vida", asegura Blas Jesús Imbroda, el decano de los abogados. El Colegio se ha puesto en contacto con el Consejo General de la Abogacía Española que se ha comprometido a estudiar la posible ilegalidad puede estar cometiéndose si se trata de una expulsión masiva, prohibida por el derecho internacional y la legislación española.

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