- La Nueva España - Diario Independiente de Asturias
El futuro reglamento de la ley de Extranjería pretende elevar la protección de las mujeres extranjeras que sufren malos tratos. Si la normativa presentada esta semana por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración llegara a prosperar, una sentencia condenatoria al agresor supone para su víctima la obtención de un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años. Sus hijos obtendrían una autorización temporal de residencia y si tuvieran más de 16 años, permiso de trabajo. Hay quien advierte de que estas medidas pueden alentar la presentación de denuncias falsas para conseguir esos papeles; otros consideran que, aunque suponen un avance, no son salvaguarda suficiente para las víctimas de la violencia machista.
La abogada y presidenta de SOS Racismo Asturias, Ana Taboada, reconoce que el reglamento introduce cierta «seguridad jurídica». Sin embargo, considera «criticable que se siga incoando un procedimiento sancionador que puede acabar en multa o expulsión a las mujeres que están en situación ilegal». Taboada descarta tajantemente como argumento contrario a este desarrollo reglamentario la posibilidad de que algunas mujeres finjan un maltrato para regularizar su situación. Un proceso por malos tratos es una situación dura para una mujer, observa, y además «hay muchos filtros para determinar si hay malos tratos o no».
En eso difiere del abogado Orlando Concheso, que admite que esa probabilidad existe. «Es una vía fantástica para que las extranjeras que están ilegales denuncien maltrato». Él es de la opinión de que «la protección a la mujer maltratada no puede suponer una alteración del régimen general. Si obtener la residencia o el permiso de trabajo tiene unos requisitos no hay por qué hacer excepciones. No hay razón para dar más protección a una mujer extranjera que a una nacional». Existe, dice, un problema de fondo y es que «desenfocamos la ley: una mujer no puede estar ilegal y si lo está no puede seguir en España. La ley está para cumplirla».
La histórica feminista Paloma Uría explica que «ya existía la posibilidad de pedir el permiso de residencia, ahora el reglamento lo amplia al permiso de trabajo y por cinco años». Uría advierte de que su concesión no es automática, «está supeditada a una condena firme del agresor» y duda que las mujeres «se arriesguen a la expulsión inmediata» presentando una denuncia falsa que exculpe a su maltratador.
«Muchas extranjeras no se animan a denunciar por desconocimiento de los trámites, por miedo a que se las expulse y por lo que supone una orden de alejamiento para ellas, que sin su marido no tienen adonde ir, ni donde vivir», reflexiona.
En el último año, constata Paloma Uría, se han concedido más permisos de residencia a mujeres maltratadas, algo que atribuye a una mayor sensibilidad hacia los problemas de este colectivo.
La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes, señala que «la red de casas de acogida del Principado de Asturias atiende a víctimas de violencia de género extranjeras, independientemente de cual sea su situación legal y hayan o no denunciado a su agresor». Ella anima a las mujeres que se enfrentan a ese problema a buscar ayuda, ya sea en las administraciones públicas o en organizaciones de la sociedad civil si lo prefieren, ya que «cuando más peligro corre su vida es cuando abordan la ruptura en solitario».
«Muchas extranjeras no se animan a denunciar por miedo a ser expulsadas del país»
«Hay que criticar que se abra un expediente sancionador a una mujer cuando va a denunciar»
«La red de casas de acogida atiende a víctimas extranjeras, sin importar cuál sea su situación legal»
Instituto Asturiano de la Mujer
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