La economía sumergida en España

Tribunas - Expansión.com

En estos días, políticos, empresarios, analistas financieros y periodistas están examinando desde diferentes ópticas la economía sumergida en España.

No cabe duda de que es tema capital, en los planos ético, de redistribución de las cargas fiscales, recaudatorio, de cotizaciones a la Seguridad Social y de afloración, en definitiva, de unos trabajos que pasan desapercibidos oficialmente para las autoridades públicas tributarias, sociales y estadísticas.

La anunciada amnistía laboral sobre la economía sumergida del ministro de Trabajo e Inmigración, no consensuada ni compartida por la vicepresidencia económica del Gobierno, ha sido la mecha que ha encendido la polémica. Tanto por la descoordinación administrativa a la que nos tiene habituados el Ejecutivo en muchos temas de importancia, como en las divergencias, preocupantes, de las cifras que sobre economía oculta se manejan en las Administraciones Públicas.

Ni el porcentaje que se baraja sobre la economía sumergida en España es real, ni tampoco que este fenómeno se haya agravado notoriamente por la crisis. Se ha llegado a situar en diversos medios de comunicación el porcentaje de la economía negra en nuestro país en el 23% del PIB. Lo que equivaldría, según la OCDE, a 250.000 millones de euros, que en términos de recaudación fiscal supondrían unas mermas para las arcas públicas de 31.000 millones de euros anuales. Cifras, se dice, sólo superadas por Grecia e Italia entre nuestros socios de la Unión Europea. Sin embargo, creo, ello no es correcto.

Falta de métodos fiables de medición
En primer término, la medición no ya exacta, sino aproximada, de la economía no oficial de cada Estado es algo tremendamente complejo, tanto por la propia naturaleza oculta de la misma como por la falta de métodos fiables para dicha medición. En segundo lugar, no en todos los Estados lo que se considera economía sumergida es idéntico. La prostitución es legal en Holanda. La cifra de mujeres que la ejercen, dadas de alta en la Seguridad Social, engrosa las cuentas de los seguros públicos. Lo que no sucede en España, Portugal, Italia o Grecia; países que habitualmente se comparan entre sí.

Al margen de que la Unión Europea tenga entre sus previsiones para 2014 la unificación normativa sobre este oficio, para atajar parcialmente el déficit público, facilitar el crecimiento de los aportantes a los seguros públicos, mejorar el régimen higiénico-sanitario de este colectivo e incluirlo en el PIB.
En cuanto a los métodos de análisis, basta conocer los utilizados por el Círculo de Empresarios, la Asociación de Funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública o el considerado sistema infalible de Friedrich Schneider (Departamento de Economía de la Universidad de Linz); como otros múltiples que podríamos señalar para corroborar la dificultad de cuantificar la economía sumergida en España u otro Estado.

No cabe duda, es difícilmente controvertible que la crisis mundial de 2008 ha incrementado la economía oculta, pero no en proporciones agigantadas. Lo mismo que, por su carácter estructural, ha convivido y lo seguirá haciendo con ciclos de bonanza económica y de facilitación de acceso al mercado oficial de trabajo. De ahí que la caída generalizada del PIB español durante la crisis no esté directamente relacionada con un crecimiento de la economía oculta, en términos de vasos comunicantes. Más bien habría que pensar, eso sí, en una directa relación entre esa disminución del nivel de las finanzas públicas y el crecimiento de la evasión tributaria a paraísos fiscales mediante novedosas formas de ingeniería financiera, a veces cándidamente favorecidas por unas legislaciones europea y nacional extremadamente permisivas.

Sin control fiscal
Pero, ¿qué se entiende por economía sumergida? Pues bien, tampoco aquí existe consenso. Los autores coinciden en considerar como tal a la oculta, la sin control fiscal, la que no figura en estadísticas oficiales y la que alienta un trabajo negro, en condiciones laborales irregulares y sin cotizaciones a los seguros sociales. Ahora bien ¿incluye también la economía golfa, procedente de drogas, prostitución, tráfico de armas y de personas?.

La OCDE ha definido la economía sumergida como la referida a actividades que son productivas y relativamente legales, pero escondidas deliberadamente a las autoridades para evitar impuestos y seguridad social, así como el cumplimiento de ciertas regulaciones. Ahora bien, sea como fuere, ¿qué persigue realmente el Gobierno de España con esa confusa y nada explicada amnistía laboral para hacer emerger nada menos que 500.000 empleos ocultos? Mucho me temo que simplemente maquillar el nivel de desempleo oficial.

Lo que resultará imposible por varias causas: a) La cifra de 500.000 falsos parados es pura invención sin contraste real ni base fiable. b) Ningún pequeño y mediano empresario o autónomo se va a delatar, si acto seguido va a tener encima a las inspecciones de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social. c) Los efectos retroactivos de hasta cuatro años en materia de impagos de IVA, sociedades, IRPF, Seguridad Social y salarios de convenio colectivo, hundirán definitivamente a quienes se autoculpabilicen. d) Muchos pequeños empresarios se mantienen en la economía oculta porque precisamente la crisis les ha hecho imposible seguir su actividad en un lícito comercio.

En definitiva, una medida más de ocurrencia política errática, de un Gobierno que intenta reflotar España regalando bombillas, arreglando aceras en las calles, baches en las carreteras o persiguiendo la velocidad en los automóviles. Eso sí, favoreciendo una corrupción institucional a todos los niveles y un despilfarro del gasto corriente que nos hará campeones de Europa, al igual que en las cifras de paro, camino de los cinco millones.