La recesión y el menguante mercado laboral han frenado la llegada de inmigrantes. Sin embargo, España aún parece tener cierto sex appeal como tierra de acogida. Según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Trabajo, el país contaba a finales de junio de este año con 5.144.269 millones de extranjeros con tarjeta de residencia, la friolera de 1.165.255 más que cuando se inició la crisis financiera a principios de 2008. Una tendencia que podría verse condicionada por el nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 30 de junio y que, por ejemplo, endurece los requisitos para la reagrupación familiar.
De los 5,14 millones de extranjeros con sus papeles en regla que viven en España, 2,47 pertenecen a países de la Unión Europea y 2,66 provienen de terceros países. En ambos casos, las tasas de crecimiento registradas en el último año son más que notables. En el primer caso, el incremento es del 7,3% respecto a junio de 2010, impulsado por las llegadas de ciudadanos rumanos, que suponen el 35% del colectivo con 883.238 residentes tras experimentar un alza del 11,35%. En el segundo, el ritmo de crecimiento es del 9,5%; marroquíes, ecuatorianos y colombianos supone el 52,4% del total de extranjeros residentes.
La cifra de extranjeros legales no ha dejado de crecer en los últimos cuatro ejercicios, pese a hacerlo con menor intensidad año a año. El contingente era de 4.992.608 a finales de 2010, un alza moderada respecto a los 4.791.232 de 2009. Doce meses antes, la suma apenas alcanzaba los 4.473.499 registrados. Los cuatro millones aún no eran una realidad el 31 de diciembre de 2007, cuando el total de extranjeros se situaba en 3.979.014. El incremento durante los años más duros de la crisis económica supera el 22%. En este escenario, el nuevo Reglamento de Extranjería “incentiva el retorno” al país de origen de los inmigrantes que han perdido el empleo, en palabras del ahora candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En esta línea, la norma determina que un inmigrante deberá acreditar ingresos equivalentes al 150% del IPREM (indicador que sustituye al salario mínimo para la concesión de ayudas, becas o subvenciones) para reagrupar a un cónyuge o un hijo. En román paladino, será preciso percibir unos 830 euros mensuales para dos personas. A partir de la tercera unidad, se exigen unos ingresos extra del 50% del IPREM, es decir, 266 euros más por cada familiar adicional que se quiera incorporar. Además, se rechazará la solicitud cuando se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente.
Vivir con menos de 800 euros, poco sensato
Según aseguraba recientemente la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el Gobierno no busca restringir la reagrupación familiar con el nuevo Reglamento, sino imponer unas condiciones mínimas para garantizar que los procesos de concentración familiar son financieramente factibles. “Hacer reagrupaciones inviables no parece muy sensato y vivir cuatro personas con menos de 800 euros, tampoco parece muy sensato. Se trata de valorar en qué momento la gente puede acceder a la reagrupación familiar sin que eso pueda derivar en una situación inviable”, aseguró. En esta línea, insistió en la necesidad de objetivar la cantidad mínima de ingresos necesarios para el inmigrante.
Los extranjeros con permiso de residencia temporal por reagrupación familiar ascendían a finales de 2010 a 224.812. La cifra se eleva hasta los 237.034 a mediados de este año. En todo caso, el Ministerio de Trabajo destacaba ayer que las autorizaciones de larga duración, con un total de 1.738.906, suponían el 65% del total. “Se consolida así la permanencia y la regularidad como principal característica de la inmigración en España”, zanjaba. De entre los nacionales de fuera de la UE, más del 47% reside en Cataluña y la Comunidad de Madrid. Hasta 532.111 se ubican en Barcelona, casi el 20% del total.
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