El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamanduros, investiga si la agencia de control de fronteras Frontex respeta los derechos fundamentales, tras las denuncias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre supuestos malos tratos a inmigrantes en Grecia.
En una carta dirigida al responsable de la agencia, Ilkka Laitinen, el Defensor del Pueblo explica que su objetivo es "clarificar, a través de una investigación por iniciativa propia", si Frontex cumple las disposiciones de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
"Algunas ONG han cuestionado si Frontex hace lo bastante para cumplir la Carta, por ejemplo en el despliegue de guardias de fronteras en Grecia para controlar la inmigración, donde los detenidos inmigrantes fueron transferidos a centros de detención y retenidos en condiciones que han sido criticadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", explicó hoy en un comunicado.
El Defensor del Pueblo recuerda que esa Carta es legalmente vinculante para la agencia desde 2009 y que una resolución aprobada el pasado octubre le obliga a "poner en marcha una estrategia de derechos fundamentales, códigos de conducta para sus operaciones y a contar con un responsable de derechos fundamentales".
Para determinar el grado de cumplimiento de esas obligaciones, el Defensor del Pueblo plantea una larga lista de cuestiones.
Diamanduros pregunta, por ejemplo, si la agencia ha puesto en marcha un "mecanismo efectivo para supervisar el respeto de los derechos fundamentales" o si existe algún instrumento para recibir posibles quejas de particulares en relación con ese problema.
También indaga sobre quién asumiría la responsabilidad en el caso de infracción de los derechos fundamentales, dado que los equipos de Frontex se componen de representantes de la agencia y de los Estados miembros.
El Defensor del Pueblo da a Frontex de plazo hasta el próximo 31 de mayo para remitir una respuesta a las cuestiones.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron hace unos meses la responsabilidad de la agencia en la situación de los inmigrantes que entran a la UE a través de la frontera de Grecia y que permanecen detenidos "en condiciones inhumanas y degradantes".
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