El día marcado en el calendario se acerca y los nervios están a flor de piel. Todo apunta a que será mañana jueves, a las 9.30 horas, cuando se hará pública la resolución europea a la consulta presentada por el juez José María Fernández Seijo el pasado junio sobre si el marco legal español es compatible con los derechos de los consumidores reconocidos en la directiva europea. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría dar un poco de luz a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el pasada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
“Es un Tribunal muy riguroso y no ha habido filtraciones, pero todos los indicadores nos hacen pensar que ve ineficiencias en el sistema español”, ha confirmado el magistrado Seijo, haciendo especial alusión al crítico informe con el sistema español de la abogada general Juliane Kokott. El dictamen europeo, según sus palabras, descifrará cinco años de desahucios y drama social “desde la perspectiva” y “valorará cómo nos ven”.
La sentencia, que evaluará la legalidad de las cláusulas abusivas en los contratos de las hipotecas a partir del caso del marroquí Mohamed Aziz, desahuciado en en enero de 2011, podría forzar un cambio tanto en la Ley Hipotecaria como en la de Enjuiciamiento Civil. “Si se cuestiona el proceso de ejecución hipotecaria, se podría forzar un cambio legislativo a corto plazo, como ya ha sucedido en otras ocasiones”, argumenta el juez.
El que fuese el gran ausente en la ronda de expertos que convocó la Comisión de Economía y Competitividad la primera semana de febrero, estará presente hoy en unas jornadas para los diputados organizadas por el PSOE. “La izquierda, al ampliarse el plazo de tramitación, desea poder documentarse, sobre todo, sobre la posible implicación que pueda tener la resolución europea”, asegura.
Según el juez, “el gran triunfo sería conseguir que el poder judicial ejerciese un control sobre la cláusulas abusivas”. En ningún caso, la resolución europea supondrá el perdón de la deuda de las familias, sino que “se tendrá que acreditar que ha existido un perjuicio efectivo y, en caso de demostrarse, el afectado deberá ser resarcido por haber sido lanzado precipitadamente”.
Relación entre la ILP y la resolución europea
“Son complementarias, ambas sirven para resolver un problema social pero desde diferentes ópticas”, explica Seijo. Y es que, como apunta el magistrado, “la ILP está pensada para frenar las ejecuciones hipotecarias y la sentencia europea, para que un consumidor pueda defenderse si así lo desea”. ¿Frente a qué? “Ante las cláusulas abusivas”, explica.
El Congreso está a la expectativa. De hecho, los plazos que se marcaron para la tramitación de la Ley se han ido dilatando en función del calendario europeo. Mientras tanto, la PAH continúa con su Campaña de escraches para señalar uno a uno los diputados que puedan no apoyar la ILP.
lamarea
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