El informe del Defensor del Pueblo del año 2013 (PDF)
recuerda los asuntos pendientes del Gobierno y las instituciones con
los ciudadanos. Las quejas de los españoles y residentes en el país
dirigidas a la Defensora, Soledad Becerril, han abarcado numerosas
temáticas. La inmigración, tras la tragedia en Ceuta del pasado 6 de
febrero, ha sido uno de los asuntos sobre los que ha tenido que
responder Becerril en la rueda de prensa, si bien ese tema concreto no
ha sido incorporado a este informe por haberse cerrado antes de que se
produjesen los hechos.
Pero las denuncias van más
allá de la protección de fronteras. Las devoluciones 'en caliente', los
CIE o las cuchillas en las vallas son algunas de las cuestiones que
cuentan con espacio en el informe.
Ceuta y Melilla: los que huyen, bloqueados
Pasan los años, aumenta el número de bloqueados, pero esta denuncia no
se soluciona. El Gobierno hace oídos sordos a la situación de
discriminación a la que se enfrentan las personas que piden asilo en
alguna de las ciudades autónomas españolas. "Los solicitantes de asilo
en Ceuta y Melilla siguen sin poder acceder a la península hasta que su
solicitud sea resuelta". La Ley de Asilo española permite a estas
personas la libre circulación por Europa, como cualquier ciudadano
español.
Además, critica los enormes retrasos en la
tramitación de las solicitudes de asilo en España: mientras la ley
establece un plazo máximo de seis meses, la resolución de las peticiones
suele demorarse cerca de dos años. Algo especialmente preocupante en
Ceuta y Melilla, donde los potenciales refugiados son obligados a
permanecer "encerrados" durante todo este tiempo en las ciudades
autónomas. Muchos de ellos tienen familiares en la península o en otros
países de Europa.
La Defensora del Pueblo también se
ha mostrado preocupada por "las bajas cifras de solicitudes de asilo,
especialmente cuando se comparan las cifras españolas con [las de]
países europeos de nuestro entorno, con una situación geográfica similar
a la nuestra".
Devoluciones 'en caliente'
El informe denuncia las devoluciones inmediatas de inmigrantes que
llegan a España de forma irregular, ya sea por mar –a través de
embarcaciones o rodeando a nado el espigón ceutí– o por tierra –mediante
el salto de la valla–. "Han de adoptar cuantas medidas sean necesarias
con el fin de garantizar que una solicitud de asilo pueda ser examinada
debidamente [...], independientemente de que esta eventualidad se
produzca fuera o dentro de las aguas territoriales españolas",
especifica la institución en referencia a las quejas de entregas
ilegales producidas en el mar.
Según el informe,
después de haber pedido explicaciones a las fuerzas de seguridad
españolas, la Dirección General de la Guardia Civil justifica –y, por
tanto, admite– las devoluciones en caliente (ilegales según la Ley de
Extranjería) por estar supuestamente amparadas por "los convenios
suscritos con Marruecos".
En realidad, el único
acuerdo público sobre el retorno de inmigrantes al país alauí no permite
la entrega inmediata de personas, pues establece como requisito
indispensable la identificación de estas personas en un plazo máximo de
10 días.
Por su parte, la Jefatura de la Policía
Nacional asegura que sus agentes siempre actúan bajo lo estipulado por
la legislación española. El Defensor del Pueblo también ha recomendado a
Interior el cese de estas devoluciones, pero todavía no ha recibido
respuesta.
Rechazos irregulares en frontera
El Defensor del Pueblo se ha visto obligado a intervenir de forma
"urgente" en algunas denegaciones de entrada en puestos habilitados,
sobre todo en aeropuertos. Según el informe, estos nunca deberían
haberse producido.
El informe menciona a una mujer
embarazada que aseguraba haber sido violada y presentaba, según "las
entidades especializadas que le atendieron en el puesto fronterizo de
Madrid-Barajas, indicios de poder ser víctima de trata". Aun así, esta
persona fue obligada a regresar a su país.
"Esta
Institución consideró que el rechazo en frontera no había sido correcto,
y que no se habían valorado de manera adecuada las circunstancias
personales de la interesada, y que su retorno se llevó a cabo sin
valorar el riesgo que conllevaba", sentencia el documento presentado
este jueves en las Cámaras españolas.
Debido a casos
como estos, la institución ha solicitado a la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras que se adopten las medidas necesarias para que
exista un intercambio de información de calidad con el Alto Comisionado
para los Refugiados de la ONU (ACNUR), "con el fin de conocer la
situación actualizada de los países en conflicto, para poder así
valorar de manera individualizada y actualizada el riesgo de expulsión o
retorno del extranjero a su país de origen", explica el informe. El
Defensor del Pueblo aún no ha recibido respuesta a esta recomendación.
La falta de la formación necesaria para detectar casos de riesgo por
parte del personal fronterizo ha sido denunciada durante años tanto por
ACNUR como por otras organizaciones especializadas en el sistema de
asilo, como CEAR o Accem.
El retorno de las cuchillas
El pasado mes de octubre, la Delegación del Gobierno de Melilla anunció
el refuerzo de la valla de la ciudad autónoma con alambre de cuchillas
extremadamente cortante. Este material había sido colocado en 2005 por
el Gobierno socialista y retirado posteriormente de su zona superior (en
la alambrada de Ceuta siempre ha permanecido), debido a los profundos
cortes que provocaban a las personas que intentaban saltar el perímetro
fronterizo.
Aunque aún no ha recibido respuesta, el
Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior la retirada del
alambre de cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla. Denuncia que "la
necesidad de establecer métodos de contención eficaces, frente a
quienes pretenden acceder de manera irregular al territorio nacional,
no debe en ningún caso pasar por alto la obligación de utilizar
métodos que sean respetuosos con los derechos humanos y con el
ordenamiento jurídico español".
La
institución se apoya en la resolución aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 26 de julio de 2013, que
solicita a los Estados "impedir la vulneración de los derechos humanos
de los migrantes en las fronteras".
Trata de seres humanos
El informe admite que ha habido avances en la lucha contra la trata de
seres humanos, pero desliza algunas de las tareas pendientes. Según
dice, se ha mejorado la "toma de conciencia" de las autoridades
competentes respecto a la situación de los menores que llegan a las
costas españolas de forma irregular, "al intentar acceder junto a sus
presuntos progenitores u otros familiares". Es decir, poco a poco son
más conscientes de la posibilidad de que estos menores pudieran ser
víctimas de tráfico de personas.
Uno de los problemas
más destacados aún no resuelto es el bajo número de víctimas que logran
ser identificadas. Una de las soluciones propuestas es la incorporación
de las ONG en el proceso de identificación de los potenciales
afectados.
"La participación de estas organizaciones
constituye un elemento básico para garantizar un enfoque del
procedimiento centrado en los derechos y necesidades de las víctimas de
trata de seres humanos", se señala en el informe. A pesar de que, según
el Defensor del Pueblo, su participación podría atajar las dificultades
surgidas en este proceso, que en la actualidad corresponde únicamente a
la policía y la Guardia Civil, por el momento esta recomendación no ha
sido aceptada.
Otra de las recomendaciones que no
prosperan hace referencia a las complicaciones con las que se encuentran
las víctimas de trata a la hora de pedir asilo, debido a la dificultad
de estas personas "para acreditar la existencia de un fundado temor de
persecución o la pertenencia a determinado grupo social". Después de
años de denuncia –aunque no aparece reflejado en este informe–, en 2013
se concedió el estatus de refugiada en España a una víctima de trata por
primera vez. Las organizaciones especializadas temen que se trate de un
caso aislado.
Los CIE, a la espera de reglamento
Los Centros de Internamiento para Extranjeros todavía no tienen una
normativa que los regule, aunque después de que el segundo borrador del
reglamento haya pasado el examen del Consejo General del Poder Judicial,
parece que su aprobación se acerca.
El Defensor del Pueblo, recuerda en el informe que los CIE "no tienen carácter penitenciario"
y que, por tanto, las condiciones de vida de los inmigrantes en estos
centros deben asegurar una serie de garantías que, además de incluirse
en la futura normativa, deberían estar ya aplicadas en todos los
CIE: asistencia social, comprobaciones de la situación personal y
familiar del interno, intensificar los controles realizados con las
empresas que prestan asistencia sanitaria; garantizar la comunicación de
los internos con el exterior, la posibilidad de que dispongan de sus
teléfonos móviles, y notificarles con antelación suficiente la fecha de
expulsión y las circunstancias en las que vaya a efectuarse.
Aunque el informe asegura que la Dirección General de la Policía
–organismo responsable de los CIE, pese a no ser centros penitenciarios–
ha "aceptado la mayoría de las recomendaciones", la información
proporcionada por determinadas ONG y por los juzgados de control
–encargados del seguimiento de los CIE– indican que, en la práctica,
estos apartados no se respetan de forma general, sino que dependen de
las decisiones tomadas por cada centro –consecuencia directa de la
inexistencia de reglamento–. En lo referido a la asistencia social, se
demora hasta la aprobación de dicha normativa.
El informe desliza sus preocupaciones en torno a los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla (en ellos,
los internos pueden entrar y salir) a causa de su constante
"sobreocupación", que "desafortunadamente no puede ser calificada de
puntual".
¿Qué solución propone? El Defensor del
Pueblo ha instado a las autoridades competentes a "agilizar los
programas de acogida humanitaria a la península". En este sentido,
recomienda que "se revisen los criterios establecidos para la elección
de los residentes que puedan beneficiarse de ella", basándose en la
situación de "especial vulnerabilidad" de determinadas personas.
Menor, extranjero, sin familia
Llega una persona joven, supuestamente menor pero, como no lleva
documentación, se debe iniciar un proceso para averiguar si es o no
mayor de edad y, en consecuencia, si debe o no debe ser tutelado por el
Gobierno. Aquí aparece otra normativa pendiente: el Protocolo Marco de
Menores Extranjeros No Acompañados. Según el informe, "su inexistencia
continúa provocando deficiencias de coordinación" en los procedimientos
de determinación de la edad.
¿Por qué? Según el
Defensor del Pueblo, los informes médicos y radiológicos realizados con
este fin "no se ajustan a las recomendaciones efectuadas por los
expertos forenses". En este ámbito, la institución cita una serie de
irregularidades: "la ausencia de una horquilla de edades entre las que
deben hallarse los examinados, pruebas médicas insuficientes y la falta
de intervención forense".
A pesar
de que estos procesos de determinación de la edad sólo deben iniciarse
sobre las personas de las que no pueda demostrarse con seguridad su
minoría de edad, continúan llegando quejas al Defensor del Pueblo: según
denuncian, en ocasiones se somete a este procedimiento a personas que
sí cuentan con la documentación que acredita su minoría de edad.
elDiario.es
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